El uso de la prisión preventiva en Chile

por Mauricio Duce, Espacio Público

El uso de la prisión preventiva ha estado presente en el debate público en Chile en el último tiempo, especialmente a partir de quienes han sido denominados como ¨presos de la revuelta¨. Esta preocupación es una oportunidad para un análisis general acerca de lo que ha ocurrido con el uso de esta medida cautelar en Chile.

El Código Procesal Penal acusatorio del año 2.000 (el CPP), en su versión original, pretendió instalar una concepción en el uso de la prisión preventiva basado en “un paradigma cautelar”.  Es decir, que se trata de una medida excepcional que sólo puede ser utilizada en casos justificados en los que exista una necesidad concreta. De esta forma, se intentó abandonar la noción que predominó bajo la vigencia del sistema inquisitivo previo. En éste, la prisión preventiva era una consecuencia necesaria y automática de la existencia de un proceso en contra del imputado, lo que tenía un fuerte impacto en su uso. Por ejemplo, los datos disponibles del año 1987 muestran que del total de personas presas, el 57% correspondía a presos sin condena. Esto era grave. Lo lógico en un estado de derecho es que la gente que esté presa lo sea debido a que muy mayoritariamente tenga la calidad de condenada. Por ejemplo, en Europa, varios países tienen tasas que se mueven en un rango de 20% o menos. En los Estados Unidos gira en torno al 23%.

El cambio de lógica introducido por el CPP obedeció a la necesidad de compatibilizar la legislación con los compromisos internacionales adquiridos por Chile. Estos instrumentos regulan la prisión preventiva en la lógica descrita. Ella imponía la necesidad de racionalizar el uso de esta norma. Así, el legislador del CPP original definió de manera más estricta los casos en que se consideraba legítimo utilizar a la prisión preventiva.  Estableció un diseño con diversos límites tendientes a transformar esta institución en una verdaderamente excepcional, por ejemplo, introduciendo diversas alternativas a su uso. Estos cambios tuvieron un impacto significativo en la práctica del sistema que se tradujo en indicadores estadísticos positivos. Por ejemplo, en el año 2007, en el que el sistema ya estaba funcionando en todo el país, los presos sin condena habían bajado a 24,6% del total de personas encarceladas. En pocos años el nuevo sistema fue capaz de producir un efecto de racionalización en base a tres indicadores básicos: el porcentaje dentro del total de las personas privadas de libertad, el número absoluto de privados de libertad y su tasa por cien mil habitantes.

Hoy el uso de  la prisión preventiva se acerca cada vez más a la del sistema inquisitivo, es decir, como una consecuencia necesaria del proceso. Las cifras de Gendarmería de Chile al 31 de diciembre de 2021 muestran que el porcentaje de presos sin condena había subido a un 37,5% del total de personas presas.

¿Cómo se explica lo ocurrido? Se pueden identificar varios fenómenos, tres en concreto.

En primer lugar, el legislador ha introducido diversas reformas que han facilitado un uso menos restrictivo de la prisión preventiva. Se trata de algunas reformas directas a las reglas del CPP que intentaron forzar un uso más automático de la prisión preventiva para ciertos casos. Por otra parte, de un conjunto de reformas legales a reglas que produjeron un aumento de las penas en ciertas categorías de delitos facilitando en ellos el uso la prisión preventiva, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad. Estos cambios pueden ser considerados como una contrarreforma en la materia. Las razones de esta son complejas, pero la central es que la clase política estuvo fuertemente presionada por demandas de seguridad.  Frente a la incapacidad de abordar el tema de una manera sofisticada encontró en la regulación de esta medida y en el aumento de las penas un espacio en el que pudo mostrar que se hacían cosas para mejorar la situación (por cierto, sin diagnósticos basados en evidencia).

Un segundo fenómeno que explica los retrocesos es consecuencia de que esta medida se ha ido transformado en la principal respuesta punitiva del sistema desde el punto de vista de la ciudadanía.  Por lo mismo, existe una enorme expectativa de que sea utilizada cada vez que se presenta un caso percibido como grave o que afecte a una sensibilidad de a distintos grupos. La función de la pena ha sido reemplazada culturalmente por la prisión preventiva. Se produce una paradoja: los que abogan por evitar el uso abusivo de esta medida cuando se usa en contra de ellos, luego la exigen para los casos de los delitos que afectan a sus causas o intereses de la más diversa índole. Si el sistema no la decreta se formularán fuertes críticas públicas señalando que se ha generado impunidad o hay corrupción o de un defecto moral de los jueces (normalmente asociado a la noción del garantismo excesivo). Se trata de un fenómeno que no es nuevo ni menos exclusivo de Chile.

Finalmente, detrás de los retrocesos en el uso de la prisión preventiva hay también algunos problemas de pérdida de calidad de trabajo del sistema de justicia. Ellos se producen en varios niveles, por ejemplo, en la calidad de la información que se usa al discutirla, en el litigio de los actores del sistema en los que se aprecia un debate muy mecanizado y formal, en la fundamentación de la medida cuando ella es concedida en los tribunales, entre otras.

Estamos frente a un problema complejo que viene presentándose con intensidad hace años. El renovado interés en esta materia abre una oportunidad para introducir mejoras sistémicas significativas con capacidad de proyectarse en el tiempo. Ellas pasan por tomarnos en serio el objetivo de racionalizar el uso de esta medida, incluso hasta que nos duela. Eso no sólo se logra cambiando algunas reglas legales, sino pensando también en mejoras a nivel institucional y, especialmente, abordando las expectativas sociales.