This study presents a comparative analysis of the use of criminal law to enforce compulsory preventive social-isolation measures, or quarantines, in the context of the COVID-19 pandemic in Chile and Argentina. Because the use of criminal law to enforce quarantines is a public policy decision, it should be subject to public accountability. At the same time, the use of criminal law to guarantee the right to health can seriously affect the right to liberty. This clash must be considered when assessing the enforcement of social-isolation measures, given that the criminalisation of non-compliance may disproportionately affect certain sectors of the population, particularly those experiencing problems with housing and regular employment. Our study finds that in Argentina, where criminal prosecution of quarantine violators was most intense during the first months of the pandemic but declined over time, and where most criminal prosecutions ultimately did not go forward, there is no evidence of discrimination by socio-economic level or geographical area. In Chile, by contrast, criminal prosecution was effective and continuous, with an unequal incidence among population groups. Overall, the results show that differences in how laws related to social isolation were implemented negatively impacted the most vulnerable sectors.
Este estudio analiza comparativamente la utilización del Derecho Penal como una forma de hacer cumplir las medidas de aislamiento preventivo obligatorio —o cuarentenas— en el contexto de la crisis sanitaria vivida en el 2020 en Chile y la Argentina.
Utilizar el Derecho Penal para hacer cumplir la cuarentena es una decisión de política pública y, como tal, debería estar sujeta a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, por lo que en esa cuestión radica la relevancia de este análisis. Por otra parte, la utilización de la amenaza penal para garantizar el derecho a la salud puede afectar gravemente el derecho a la libertad. En ese marco, estudiar esta tensión es central para relevar la legitimidad de las decisiones. Asimismo, la forma en la que se implementa esta medida puede impactar sobre el derecho a la igualdad: es razonable pensar que la penalización del incumplimiento afecte en forma desproporcionada a ciertos sectores de la población, en particular, a aquellos con problemas habitacionales y de empleo regular. En este contexto, el estudio explora el uso que cada país le dio al Derecho Penal para asegurar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad, así como la aplicación de esta medida en términos de generación o incremento de desigualdades respecto a la población más vulnerable, entendiéndose por tal a la que compone los sectores socioeconómicos de menores recursos.